Ecologistas en acción denuncia la descatalogación de dos zonas de baño de La Canal

Ecologistas en Acción ha denunciado la desaparición, en todo el territorio español, de 22 zonas continentales de baño, desde el año 2008. Entre ellas, destacan dos playas situadas en La Canal, que también habrían perdido su catalogación como zona de baño. Se trata del gorgo de la Escalera, en Anna, y el lago de Playamonte, en Navarrés.

Pese a que la guía no específica el por qué de la descatalogación, sí cita algunas posibles causas, tales como el hecho de ser áreas que han sufrido graves deterioros provocados por extracciones de agua desproporcionadas que pueden llegar a secar el río, por regulaciones del cauce por motivos urbanísticos, por contaminación o por ausencia de control de áreas de baño. Como ya informó La Canal Ahora, el lago de Playamonte es presa de un fuerte estado de degradación, motivado por la dejadez institucional, que lleva a las aguas a una pésima calidad. Sin embargo, el gorgo de la Escalera es receptor de decenas de bañistas al año.

Esa es la realidad que se desprende del informe «Aguas de baño continentales 2009-10», dado a conocer esta semana por la organización ecologista, que lamenta una acusada dejadez institucional hacia la conservación de estos espacios de baño. «Es lamentable e irresponsables que las autoridades autonómicas, competentes para las zonas de baño, respondieran con descatalogaciones masivas a las nuevas directivas europeas, relativas al buen estado ecológico de nuevos ecosistemas acuáticos», se quejan. Estas directivas preveían una mayor presión a las instituciones para la conservación de las zonas de baño, tales como una mejor depuración de las aguas o la vigilancia del uso de fertilizantes en las prácticas agrícolas.

Por esa misma razón, muchas áreas de baño continental siguen sin catalogar, a pesar de recibir afluencia turística. El mismo informe anuncia la existencia de seis playas más sin catalogar en toda La Canal: dos en Anna, y una en los municipios de Bicorp, Bolbaite, Navarrés y Quesa. Pese a que, se admite, están naturalizadas como zonas para bañistas. Evitando catalogarlas, según Ecologistas en Acción, «ya no es necesario vigilar la calidad de las aguas ni identificar fuentes de contaminación». Ahora bien, los principales perjudicados ante esa pasividad institucional «son los bañistas, porque se bañan en aguas que pueden resultar peligrosas para su salud», continúan.

El documento de Ecologistas en Acción especifica que España descatologó 327 zonas de baño en los últimos 17 años, entre 1991 y 2008. La solución, para la organización, pasa por que los bañistas reclamen una mejor conservación de las playas continentales ante las instituciones competentes (en la reducción de fertilizantes o en una mayor protección y depuración de sus aguas), así como una mejor información ante el público sobre la calidad de las zonas de baño. Por último, los ecologistas instan a la administración a la toma de las medidas necesarias para la recatalogación de las áreas degradadas en todo el entorno peninsular.

Vecinos de Navarrés protestan por el abandono del lago de Playamonte

En Navarrés, la rehabilitación del lago de Playamonte, degradado por el paso de los años, ha sido una reivindicación vecinal continuada desde hace años. En la anterior legislatura del Partido Popular, las airadas protestas culminaron con la promesa de la oposición de que se intervendría sobre el paraje. Pero, tras tres años de gobierno socialista en la localidad, ahora, la movilización popular parece reavivarse. El hartazgo de muchos vecinos hace que éstos comiencen a organizarse, utilizando Internet como principal vía de comunicación.

La dejadez institucional –independientemente del color del gobierno- queda patente al llegar al lago. Árboles caídos durante meses que no son retirados, bancos rotos, suciedad en el agua y un entorno embarrado y lleno de hoyos, por no hablar de los restaurantes que quedaron abandonados hace años. «El problema es que parte de la suciedad de los chalés de alrededor se filtra al lago», asegura un vecino de la urbanización que lo rodea.

«Los que somos propietarios pagamos la contribución urbana, la misma cantidad que en el pueblo, y lo que recibimos a cambio es la dejadez del lago y su entorno», continúa el mismo testimonio. A diferencia de lo que ocurría antaño, cuando la marjal –creada en su día de manera artificial- era un espacio para nadar. Ahora, sin embargo, pueden verse varios carteles alrededor del mismo que prohíben dicha práctica. Lo cierto es que la filtración de aguas residuales es común y la ausencia de un colector en la zona provoca las protestas más activas.

El entorno del lago, por otra parte, es pasto de degradación. Restaurantes que ya no son, casas derruidas y suciedad acumulada. Varios son los vecinos que, concienciados, acuden de vez en cuando para limpiar los desperdicios, pero no es suficiente. Muchos recelan de otro lago próximo, el de Anna, fuente de éxito turístico y beneficios para su ayuntamiento. «Lo suyo sería acondicionado, incluso habilitar algún establecimiento», asegura otro vecino, en uno de los foros presentes en la red.

En esos espacios, queda patente el deseo común de que Playamonte sea «un lugar de reunión para los vecinos del municipio», pero para ello, según otro testimonio, «hace falta voluntad y dinero», algo que ningún gobierno ha priorizado hasta el momento. «En Playamonte se recaudan 14 millones de euros en los más de 300 chalés que hay, y allí no se invierte nada desde hace años», se lamenta una residente.
Las propuestas de algunos vecinos pasan por dotar a la marjal de un carácter de interés ecológico, vinculado al hecho de que ésta cuenta con la alimentación de potentes nacimientos de agua. Además, «al ser una zona inundable, pueden anidar aves, más toda la fauna de peces y anfibios que hacen a todo el conjunto algo único», sentencia un usuario del foro.

Volver a poder bañarse es otra de las reivindicaciones, que podría cumplirse si se asegurara un aporte de agua de las fuentes suficiente. Una serie de medidas para cuya ejecución es necesaria una inversión importante de tiempo y dinero. Pero en el último Plan E ninguna ayuda fue dedicada a un entorno que, previsiblemente, seguirá el curso que la natural degradación le depare.

La Conselleria excluye a La Canal de las ayudas para la recuperación productiva del caqui

La resolución de la ayuda que la Conselleria de Agricultura destinará a la recuperación de las pérdidas que las intensas lluvias de septiembre y octubre ocasionaron en la producción de caqui, han producido airadas críticas entre los agricultores de La Canal de Navarrés. El motivo es que dicha subvención, cifrada en un millón de euros, tan sólo prevé otorgar ayudas a 27 municipios de La Ribera Alta. Al respecto, la Mancomunidad de municipios de La Canal, en boca de su presidente, Pablo Seguí, ha mostrado su «desacuerdo» por «la exclusión sufrida hacia los productores de caqui de la comarca».

Según explica Seguí, las explotaciones de La Canal se han visto gravemente afectadas, al igual que las de Ribera, por las incidencias meteorológicas propiciadas por las lluvias persistentes acompañadas de bruscos cambios de temperatura. En ese sentido, «esta exclusión es una muestra más de la marginalidad que sufre la comarca en materia de ayuda», denuncia.

La entidad supracomarcal también quiso resaltar la vinculación de la actividad económica de los municipios de La Canal al sector primario. Por ello, afirman, «actuaciones como esta, por parte de la Conselleria, fomentan los procesos de despoblamiento y éxodo a áreas colindantes, socioeconómicamente más dinámicas».

Por todo ello, desde la Mancomunidad se hizo un llamamiento para que la Conselleria de Agricultura «reconsidere y modifique el decreto de ayudas para incluir a los productores de La Canal de Navarrés». Y es que, según el organismo, «estas situaciones afectan negativamente a la capacidad de los productores locales para mantener las potencialidades del territorio y adaptarse a las nuevas situaciones económicas», zanjaron.

Ayudas insuficientes

Por otra parte, La Unió de Agricultores también se hizo eco de similares protestas, denunciando la insuficiencia de una ayuda que «no va a compensar las rentas de los productores afectados», aseguran fuentes de la asociación. Igualmente, la Unió se mostró crítica por el hecho de que no se contemplen todos los términos municipales afectados, «dejando fuera a zonas productoras como La Costera o La Canal».

Según Eduard Esparza, responsable del sector del caqui de La Unió, «estas ayudas no responden a la voluntad de querer compensar las rentas de los productores de caqui, cuando estamos hablando de que mientras el precio de venta del caqui en el mercado está entre 0,30 y 0,40 €/kilo, las ayudas que propone la Conselleria les permite cobrar tan solo 0,02 €/kilo»,asegura.

Además, la organización de agricultores cifra las pérdidas en el sector del caqui en más de 50 millones de euros. El millón que aporta la Conselleria tan sólo supondrá recibir 0,02 euros por kilo. Por otra parte, cabe señalar que sólo optan a las ayudas los titulares de explotaciones que certifiquen daños superiores al 30% de su producción.